El programa argentino de Ingreso Familiar de Emergencia mitigó la desigualdad y la pobreza durante la COVID-19

El programa argentino de Ingreso Familiar de Emergencia (Ingreso Familiar de Emergencia/IFE) se puso en marcha en marzo de 2020 para compensar y proteger a las personas cuyos ingresos se habían visto gravemente reducidos o se habían perdido como consecuencia de la pandemia de COVID-19.¹ El IFE consistía en transferencias monetarias para desempleados, trabajadores por cuenta propia en categorías de bajos ingresos y trabajadores domésticos. En octubre de 2020, casi nueve millones de personas habían recibido transferencias. El programa contuvo eficazmente el aumento de la pobreza y la desigualdad durante la pandemia.

El COVID-19 y las medidas sanitarias que el gobierno puso en marcha para contener su propagación provocaron importantes costes económicos. Se suspendieron las actividades productivas y aumentaron los niveles de desempleo y pobreza.² Durante la pandemia en Argentina, la tasa de desempleo alcanzó el 13,1% en 2020, frente al 10,5% del año anterior,³ y otro 41% de los hogares experimentó una disminución de sus ingresos⁴ debido a una reducción de las horas de trabajo, una contracción del nivel de ventas y/o despidos.⁵ Esto ocurrió en medio de una crisis económica en el país: Argentina ya experimentaba un desempleo creciente, una inflación elevada y una economía en contracción antes del estallido del COVID-19.⁶

Muchos hogares, sobre todo los que carecían de ahorros importantes, tuvieron dificultades para obtener medios económicos suficientes para subsistir.⁷ Las mujeres, los jóvenes, los grupos con bajos ingresos y los trabajadores informales, que tenían más probabilidades de ganar salarios más bajos y para quienes el trabajo a distancia no era una opción, fueron los más afectados por las circunstancias.⁸

ElIngreso Familiar de Emergencia (IFE) pretendía compensar y proporcionar un alivio económico inmediato a las personas cuyos ingresos se habían visto gravemente reducidos o perdidos por el COVID-19.⁹ El IFE consistía en tres transferencias de efectivo de 10.000 ARG (aproximadamente 148 USD) cada una, concedidas a un miembro del grupo familiar. El primer pago se desembolsó en abril de 2020; el segundo, en junio de 2020, y el tercero, en julio del mismo año. Para poder optar a ella, una persona tenía que tener entre 18 y 65 años y ser una de las tres siguientes: desempleado, autónomo en categorías de bajos ingresos o trabajador doméstico.¹⁰

Aplicación

El IFE se puso en marcha en abril de 2020 mediante un decreto presidencial (Decreto 310, 2020) y originalmente estaba previsto que fuera un pago único de 10.000 ARG (aproximadamente 148 USD). La demanda y el número de personas inscritas superaron con creces lo que el gobierno había previsto inicialmente. Como resultado, se ampliaron los plazos de inscripción y dos decretos adicionales establecieron nuevos pagos en junio y agosto de 2020.¹¹

El gobierno permitió que tanto los hogares como los individuos solicitaran transferencias de efectivo, lo que facilitó la aplicación efectiva del programa. ¹² En la primera fase, 2,4 millones de personas recibieron el pago automáticamente como beneficiarios anteriores de prestaciones de otros estados.¹³ La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue la entidad encargada de recibir y evaluar las solicitudes.

Este IFE se puso en marcha, junto con otras medidas de protección social, como el seguro de desempleo y la protección de los trabajadores formales.¹⁴ En noviembre de 2020, el gobierno puso fin al IFE, con la relajación de las medidas de confinamiento y la recuperación económica gradual.¹⁵ Al mismo tiempo, el gobierno anunció medidas para mejorar otros programas de protección social, ¹⁶ como la Asignación Universal por Hijo (AUH).¹⁷

Coste

Financiado por el Tesoro Nacional Argentino, se estimó que el programa costaría más de 265.000 millones de ARG (unos 12,2 millones de USD),¹⁸ aproximadamente el 1,14% del PIB argentino.¹⁹

Evaluación

Nueve millones de personas se beneficiaron de las transferencias del IFE.²⁰ El 56% de los beneficiarios fueron mujeres, y el 44% restante, hombres; la mayoría corresponde a desempleados y trabajadores informales de bajos ingresos (62%) y residentes en el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires (40%).²¹ Los estudios han demostrado que el programa mitigó eficazmente los efectos de la pandemia sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos. Calcagno sugiere que, sin el IFE, 1,4 millones de personas habrían caído en la pobreza y 2,8 millones habrían caído en la pobreza extrema.²² Si no se hubiera aplicado el IFE, la pobreza nacional podría haber aumentado de alrededor del 36% al 44%.²³

Una evaluación del gobierno indicó que los residentes de los barrios populares -barrios con viviendas informales y acceso limitado a los servicios públicos- tenían una percepción positiva del programa. Consideraron que el IFE era una medida esencial en el peor momento de la crisis COVID-19. Los residentes afirmaron que utilizaban el dinero en efectivo para adquirir alimentos, realizar reparaciones urgentes en el hogar y pagar deudas.²⁴

También hubo otros efectos no deseados. El IFE impulsó un debate nacional sobre si debería existir una renta básica universal permanente, teniendo en cuenta los altos niveles de informalidad en el país. También impulsó medidas similares en otros países de la región: por ejemplo, Chile puso en marcha su propio Ingreso Familiar de Emergencia en mayo de 2020.²⁵

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