El Estatus de Protección Temporal de diez años de Colombia para migrantes y refugiados venezolanos

En febrero de 2021, el gobierno colombiano puso en marcha el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), un estatuto de regularización de diez años que garantiza el acceso al empleo formal, la educación, la asistencia sanitaria y los servicios financieros a casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos. La EPTV ha sido reconocida internacionalmente como un gesto humanitario que establece un nuevo modelo progresista de integración de inmigrantes y refugiados.

La actual situación política y económica de Venezuela ha provocado un aumento de migrantes y refugiados que huyen de la violencia, la inseguridad y la escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales hacia los países vecinos.¹ En marzo de 2023, había 7,1 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo² y a partir de 2017, el éxodo de venezolanos de bajos ingresos se aceleró.³ En febrero de 2022, el número de migrantes venezolanos en Colombia había alcanzado los 2,48 millones, un aumento significativo respecto a los 403.702 migrantes venezolanos de 2017,⁴ lo que lo convierte en el país con mayor afluencia de población venezolana (aproximadamente el 33% de la población migrante total).⁵ La mayoría de las familias inmigrantes llegan con recursos limitados y necesitan urgentemente documentación, alojamiento, alimentos y asistencia médica. A finales de 2020, el 56% de los venezolanos recién llegados⁶ entraron en el país sin cruzar la frontera oficial, con documentación falsificada o superando el tiempo concedido en un visado o permiso de residencia. La falta de documentación o de permiso para permanecer en países cercanos también dificultó el acceso a los servicios sociales básicos.⁷

En febrero de 2021, el gobierno colombiano puso en marcha el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) mediante un decreto. Este mecanismo legal facilita la transición de los migrantes de un régimen migratorio de emergencia a un estatus de regularización, concediéndoles acceso al empleo formal, la educación, la asistencia sanitaria y los servicios financieros. El programa ofrece un permiso de estancia de diez años, durante el cual los inmigrantes tienen la oportunidad de obtener un visado de residencia que les permitiría permanecer en el país más allá del periodo inicial.

El ETPV pretende fomentar la inclusión de los migrantes venezolanos en la sociedad colombiana, desalentando al mismo tiempo los métodos inseguros de entrada en el país.⁸ El permiso permite a los migrantes venezolanos acceder a los subsidios y servicios nacionales en las mismas condiciones que los colombianos, garantizando la igualdad de oportunidades para la integración a medio y largo plazo.⁹ Además, incorpora salvaguardias para proteger la libre entrada y salida del país de los niños y adolescentes venezolanos (con un máximo de 180 días de permanencia fuera de Colombia), y facilita el trámite del visado de residencia.

Pueden optar a ella los venezolanos que hayan cruzado la frontera antes del 31 de enero de 2021, independientemente de su estatus migratorio, y los que entren legalmente en Colombia en los próximos dos años, hasta el 28 de mayo de 2023.^{10 11} Las autoridades colombianas estimaron que la medida podría beneficiar a más de dos millones de personas.¹²

Aplicación

Históricamente, el duradero conflicto armado interno y la inestabilidad económica de Colombia la han situado como país de origen de migrantes y refugiados, más que como país de destino de migrantes y refugiados.¹³ Sin embargo, en los últimos años, el país ha tenido que adoptar una política migratoria en respuesta a la creciente afluencia de venezolanos.

Entre 2015 y 17, bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno se centró en medidas humanitarias a corto plazo, como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que facilitaba la movilización de los residentes en la frontera entre Venezuela y Colombia, y el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que proporcionaba a los venezolanos un estatus migratorio regular durante dos años.¹⁴

De 2018 a 2021, el gobierno introdujo iniciativas a medio plazo destinadas a garantizar a los migrantes el acceso a servicios sociales esenciales, como la atención sanitaria, la educación, la atención a la infancia y las oportunidades de empleo. Estos esfuerzos incluyeron la Estrategia de Generación de Ingresos en colaboración con el PNUD, que creó rutas, identificando acciones y barreras, para mejorar la empleabilidad, fomentar el espíritu empresarial y promover la inclusión financiera. Esto incluía también la decisión adoptada en 2019 de conceder la plena ciudadanía a unos 30.000 niños nacidos en Colombia de migrantes y refugiados venezolanos.¹⁵

Coste

La ayuda a los emigrantes venezolanos se ha financiado principalmente mediante préstamos y cooperación internacional.¹⁶ El Banco Mundial proporcionó 1.600 millones de USD de financiación para el periodo 2019-2021. La mayoría de estos fondos fueron en forma de préstamos.¹⁷ Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2023 se necesitarán 665 millones de USD para apoyar a los refugiados y migrantes venezolanos.¹⁸

Evaluación

La ETPV ha sido reconocida como una política pionera y como «el gesto humanitario más importante en décadas».¹⁹ En febrero de 2022, aproximadamente 2,4 millones de venezolanos (el 96% de la población migrante), habían solicitado el estatuto de protección temporal, y casi 1,4 millones de solicitudes fueron aprobadas en julio de 2022.²⁰

La política es relativamente reciente y aún no se han evaluado sus repercusiones.

Algunas perspectivas sugieren que los trabajadores inmigrantes pueden sustituir a los trabajadores nativos en el mercado laboral. Sin embargo, los expertos están cada vez más de acuerdo en que los inmigrantes y refugiados contribuyen positivamente a la economía de su país de acogida cuando se les incluye plenamente. Los estudios académicos realizados en 2022 sobre las repercusiones del PEP en Colombia revelaron que la regularización de los emigrantes dio lugar a salarios más altos y a un aumento de las tasas de empleo de los emigrantes, al tiempo que tuvo efectos negativos mínimos en el empleo de la población local.^{21 22} Estos estudios también han sugerido que la regularización aumentó la probabilidad de afiliación de los migrantes a los programas de bienestar social en Colombia entre 43,4 y 46,1 puntos porcentuales. Los beneficiarios del PEP también transmitieron una mayor sensación de confianza a la hora de solicitar servicios públicos, entablar relaciones con las autoridades para hacer valer sus derechos y negociar las condiciones de trabajo.²³

Un objetivo clave del ETPV, junto con otras políticas complementarias, ha sido la inclusión de las poblaciones refugiadas y migrantes en los servicios públicos nacionales y en los sistemas de prestaciones, lo que ha dado lugar a resultados más duraderos y rentables. Por ejemplo, los inmigrantes irregulares suelen ser atendidos por servicios médicos de urgencia, que suponen un coste más elevado en comparación con los servicios a los que acceden los inmigrantes regulares a través de los sistemas sanitarios subsidiados o contributivos establecidos.²⁴ Además, la regularización reduce la carga fiscal de la migración a medio plazo al facilitar el acceso de los migrantes a empleos formales y de mayor calidad, permitiéndoles generar sus propios ingresos y pagar impuestos.²⁵

A pesar de los avances, sigue habiendo retos. No todos los migrantes venezolanos cumplen los requisitos para obtener protección porque no pueden demostrar su fecha de entrada ni presentar documentos de identificación válidos, lo que da lugar a la existencia de un mercado negro de servicios de documentación.²⁶ La xenofobia es persistente en el país. Según una encuesta realizada en 2020, sólo alrededor del 20 por ciento de los colombianos aprueba el enfoque migratorio del gobierno y casi el 70 por ciento ve desfavorablemente la inmigración venezolana.²⁷

Además, los servicios sociales en Colombia se encuentran bajo presión debido a la recesión económica y la creciente inflación, y al aumento de los desplazamientos internos por la violencia y el conflicto en el país. Incluso con la regularización legal, muchos emigrantes venezolanos optan por buscar mejores perspectivas en otros lugares, como Estados Unidos y Europa, ya que en Colombia se enfrentan a escasas oportunidades de ingresos y empleo.