La Ley de Identidad de Género de Argentina permite la modificación del género en los documentos oficiales; reconoce una tercera categoría, "X", para las identidades no binarias (2012-en curso).

La Ley de Identidad de Género argentina de 2012 pretende reducir la exclusión de las personas trans y no binarias reconociendo el derecho a autodefinir la propia identidad de género. La ley permite modificar el nombre y/o el sexo en los documentos oficiales mediante un sencillo procedimiento administrativo. La ley también garantiza el acceso a servicios sanitarios trans adecuados. En 2021, se introdujo una tercera categoría, «X», para denotar las identidades no binarias. Desde su aprobación hasta 2022, más de 12.655 personas han cambiado sus documentos oficiales, mejorando el acceso a los servicios públicos.

En Argentina, las comunidades trans se enfrentan a la exclusión y al estigma. Antes de 2012, las autoridades judiciales aprobaban o denegaban las modificaciones de nombre y/o sexo tras procedimientos hormonales y genitales,¹ que se realizaban clandestinamente o mediante largos procesos judiciales.² La falta de reconocimiento legal del género provocaba discriminación institucional y acoso policial. También aumentó las barreras para que las comunidades trans y no binarias ejercieran sus derechos y accedieran a los servicios públicos, como el empleo, la educación y la vivienda.³

La ley de identidad de género de 2012 reconoce el derecho a la identidad de género autodefinida y a ser tratado en consecuencia. Permite a todas las personas mayores de 18 años solicitar la modificación del nombre, la imagen y el sexo de sus documentos oficiales. El proceso es gratuito y no requiere ninguna intervención legal o médica previa. Los menores pueden solicitar el procedimiento a través de sus representantes legales.⁴ Además, la enmienda de 2021 a la ley incluye una tercera categoría de género, «x», como opción de género alternativa para las personas no binarias o que no se identifican con identidades femeninas/masculinas.⁵

La ley también estipula que todos los servicios sanitarios trans, como las intervenciones quirúrgicas y/o los tratamientos hormonales integrales, también deben incluirse en el Programa Médico Nacional Obligatorio, los servicios sanitarios básicos que deben garantizar los seguros sociales públicos y privados.⁶

Aplicación

El 9 de mayo de 2012, el Senado aprobó casi por unanimidad la Ley Nacional de Identidad de Género (55 votos a favor, ninguno en contra y sólo una abstención). La aprobación de la ley fue el resultado de décadas de activismo y movilización travesti, trans, gay, lesbiana y bisexual.⁷ Anteriormente, las organizaciones y activistas LGBTQ+ se agrupaban en coaliciones, como el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género (FNLID), para conseguir apoyo popular. Estas coaliciones presionaron a los poderes ejecutivo y parlamentario, y les proporcionaron apoyo técnico. Además, un contexto político favorable contribuyó a la aprobación de la ley: por ejemplo, el presidente, comprometido con los derechos humanos, tenía mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo, en 2010 se aprobó la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y crecía la conciencia social sobre las cuestiones LGTBQ+.⁸

Coste

En 2023, el presupuesto público asignó 33.030 millones de ARS (161 millones de USD) para «Acciones para la Identidad de Género» con un objetivo de 170.000 tratamientos hormonales.⁹

Evaluación

Argentina fue el primer país del mundo en permitir la modificación legal del sexo sin la aprobación de un juez ni intervención médica. La ONU,¹⁰ derechos humanos y LGBTQ+¹¹ han respaldado la ley. Maria Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación, informa de que la ley ha sido eficaz y ha enviado un mensaje a todas las instituciones públicas y privadas para que respeten y protejan las identidades trans.¹² En marzo de 2022, 12.655 personas habían cambiado sus documentos oficiales y se habían realizado 354 rectificaciones de documentos de identidad con la nomenclatura «X».¹³

Los estudios sobre el impacto de la ley siguen siendo escasos. Sin embargo, según un estudio cualitativo realizado por la Fundación Huesped en 2014, las mujeres transexuales perciben cambios positivos en su acceso a la educación, la atención sanitaria, el trabajo, la seguridad y los derechos civiles. La ley también potenció el movimiento por los derechos de las personas trans. Perciben un aumento de la libertad de expresión en las calles y una disminución de la violencia policial.¹⁴ La promulgación de la ley sentó un precedente.

Los esfuerzos del activismo trans condujeron a una nueva legislación para proteger los derechos de esta población.¹⁵ En 2021, el presidente promulgó un decreto para introducir la tercera categoría de género «X», que reconoce las identidades no binarias.

A pesar de los avances, las organizaciones LGBTQ+ han puesto de manifiesto deficiencias en la aplicación. Falta formación médica y profesional sobre las necesidades particulares de las personas transexuales en el acceso a los servicios sanitarios; especialmente en las provincias rurales y remotas, donde los profesionales sanitarios conservadores y los funcionarios públicos desconocen la ley.¹⁶ Además, aunque la ley es un avance esencial, no se ha traducido directamente en un cambio de las circunstancias materiales: El 46% de las personas trans viven en la pobreza, con una esperanza de vida de 40 años^.17,18

Información adicional

En 2021, el Senado aprobó la ley de cupo laboral trans, que establece que el sector público nacional debe reservar al menos el 1% de sus puestos para el colectivo trans.¹⁹ Según el estudio cualitativo realizado por la Fundación Huesped en 2014, en el que participaron 21 activistas, tras la promulgación de la Ley de Identidad de Género, «tres de cada 10 mujeres y seis de cada 10 hombres han reanudado la búsqueda de oportunidades laborales». En la misma línea, la discriminación ha disminuido considerablemente, pasando de siete de cada 10 a sólo tres de cada 10 casos denunciados.»²⁰

Todas las opiniones y puntos de vista expresados en este sitio web representan exclusivamente las opiniones de los autores y de los Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, un programa del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental.

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