Medidas de Colombia para la reparación de las víctimas del conflicto armado y la restitución de tierras

En 2011, el gobierno colombiano promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En 2022, Colombia informó de 9,4 millones de víctimas de la violencia relacionada con el conflicto, de las cuales más de cuatro millones eran desplazados internos. La ley facilita medidas individuales y colectivas de asistencia humanitaria, restitución de tierras abandonadas o robadas y reparación integral a las víctimas. Inicialmente estaba previsto que durara diez años (2011-2021), pero se prorrogó otra década en 2021.

El conflicto armado de Colombia comenzó a principios de la década de 1960, uno de los más largos de América Latina. En él participaron varios grupos armados: el Estado, guerrillas y grupos paramilitares. En 2018, más de 450.000 personas habían muerto a causa de la violencia relacionada con el conflicto (de las cuales el 81% eran civiles),¹ unos ocho millones de hectáreas de tierra habían sido robadas o abandonadas,² más de seis millones de personas estaban desplazadas internamente, y se ha informado de la desaparición de 191.206 personas.³

En 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011 reconoció los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Las medidas de reparación establecidas por la ley fueron:

• Restitución de tierras a los propietarios rurales que han sido privados de sus tierras u obligados a abandonar sus territorios. Implica el retorno de los desplazados internos a sus tierras y la formalización de los derechos de propiedad.
• Indemnización económica a las víctimas para ayudarles a rehacer sus vidas. La cuantía de la indemnización (calculada en salarios mínimos mensuales) depende del delito sufrido por la víctima.
• Medidas de satisfacción para devolver la dignidad a las víctimas; mediante la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica; el reconocimiento de responsabilidades y el perdón público de los victimarios; la entrega de cadáveres de víctimas desaparecidas forzosamente a sus familiares; y el apoyo a iniciativas locales de actos de memoria y conmemoración.
• Medidas de rehabilitación, como atención médica y psicológica.
• Garantías de no repetición de la violencia en el contexto de un conflicto armado, que incluyen acciones estatales orientadas a la sociedad en su conjunto. Un ejemplo es la aplicación de reformas institucionales para la consolidación de la paz y el restablecimiento de la democracia.

Todas las medidas tienen un «enfoque diferencial»: directrices y acciones para garantizar la protección a grupos especialmente vulnerables, como mujeres, niños, grupos étnicos, ancianos y discapacitados.⁴< >Según la ley, son víctimas quienes individual o colectivamente, directa o indirectamente, hayan sufrido violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario a partir del 1 de enero de 1985. Las víctimas reconocidas desde antes de esta fecha tienen derecho a la satisfacción y a las garantías de las medidas de no repetición descritas anteriormente.⁵

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Aplicación

La ley es el resultado de décadas de lucha y movilización de las asociaciones de víctimas, el mundo académico, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos. Además, la promulgación de la ley se vio facilitada por una situación política favorable en 2011, ya que el ex presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente el conflicto armado y a sus víctimas.⁶ Además, existía un precedente en la Ley de Justicia y Paz de 2005⁷que permitía a los actores armados participar en un proceso de justicia penal alternativa y creaba una Comisión de Reparación y Reconciliación, que investigaba las causas de la violencia y ofrecía reparaciones monetarias a las víctimas que cumplieran los requisitos.⁸

Para su implementación, la ley estableció el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, NSARV (también en vigor hasta 2031), que coordina programas y entidades públicas. Dentro del sistema, se crearon tres instituciones: la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas (UARIV),⁹ y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).¹⁰

La ley de 2011 tenía una vigencia de diez años. Sin embargo, en 2021 se prorrogó hasta 2031, debido a las deficiencias de su aplicación y al creciente número de víctimas,¹¹ y las intersecciones con el acuerdo de paz de 2016 entre las FARC, la mayor guerrilla de Colombia, y el gobierno;¹² ya que también incluye medidas relativas a las víctimas del conflicto, como una reforma rural integral y un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se articula con el NSARV.¹³

Coste

Aunque hay poca información sobre el coste total, el gobierno colombiano invirtió unos 135.500 millones de pesos colombianos (aproximadamente 29,8 millones de dólares estadounidenses) entre 2012 y 2021 (Presupuesto General de la Nación).

Evaluación

La ley fue considerada la más ambiciosa y respetuosa con los derechos de las víctimas del mundo.¹⁴ Durante la primera década de aplicación, la NSARV consiguió:¹⁵

• Un registro nacional de víctimas. En 2022 se registraron 9.446.572 víctimas. El registro es una etapa clave para la aplicación del programa de reparación,¹⁶ ya que identifica las características de las víctimas, sus circunstancias y las reparaciones a las que tienen derecho.¹⁷
• La ley reconocía que las organizaciones y comunidades políticas basadas en una cultura, ubicación o propósito compartidos tienen derecho a reparaciones colectivas. En la primera década, 28 comunidades y grupos fueron reparados mediante la aplicación total de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva concertados.¹⁸
• En cuanto a la restitución de tierras, el gobierno creó oficinas y tribunales en casi todos los departamentos del país,¹⁹ llegando a 950 municipios (el 80 por ciento del país).²⁰
• Se avanzó en la reconstrucción de la memoria del conflicto armado, sus causas y sus dimensiones. Para 2020, el CNMH publicó más de 13 informes de contribución al esclarecimiento de la verdad sobre el fenómeno paramilitar, recopiló más de 13.000 testimonios, consolidó un archivo de memoria histórica; y se avanzó en la creación de un Museo Nacional de la Memoria, aunque todavía no se ha inaugurado.²¹
• Proporcionó asistencia humanitaria a más de 142.000 víctimas; 1.163.650 personas recibieron compensación económica; y más de 250.000 personas han recibido atención psicosocial.²²

El sistema sigue teniendo numerosos retos. Sólo el 9% de las demandas de restitución de tierras presentadas por las víctimas han sido resueltas por los jueces. Además, según los cálculos del Estado, harían falta otros 50 años para indemnizar a todas las víctimas, si se sigue al mismo ritmo.²³ Además, a menudo las víctimas no conocen plenamente sus derechos.²⁴ Las principales dificultades son la falta de financiación y la persistencia del conflicto y la violencia en el país.²⁵ El Estado no ha protegido a los reclamantes de tierras; los asesinatos y amenazas de líderes de reclamantes de restitución de tierras se han triplicado: sólo dos años después de la aprobación de la ley, en 2013, más de 500 reclamantes de tierras denunciaron amenazas. Según Indepaz, desde 2016 han sido asesinados en Colombia un total de 1.466 líderes sociales, de los cuales un porcentaje corresponde a personas que defienden sus territorios y tierras.²⁶ Sin embargo, sigue habiendo discrepancias e informes insuficientes sobre los ataques dirigidos específicamente contra reclamantes de tierras a lo largo de la última década.²⁷ La presencia de grupos armados que pretenden consolidar el control sobre territorios estratégicos y rutas del narcotráfico, así como de terceros interesados en actividades agroindustriales y mineras, impide el retorno de las víctimas a sus tierras.²⁸ Sin embargo, la reciente prórroga de la ley y la aplicación del acuerdo de paz firmado en 2016 brindan nuevas oportunidades para avanzar en su aplicación.

Información adicional

Las dos modalidades de reparación son:

• Las reparaciones individuales se refieren a la atención personalizada a las víctimas del conflicto armado (individuos y sus familias);
• Las reparaciones colectivas se refieren a procesos colectivos orientados a comunidades y grupos étnicos, organizaciones y movimientos sociales que sufrieron daños colectivos causados por el conflicto armado. Estas reparaciones se llevan a cabo mediante Planes de Reparación Colectiva, que son acciones concertadas con grupos o comunidades para restaurar el tejido social, recuperar la confianza y reconstruir los proyectos comunitarios.²⁹

Ambas modalidades incluyen cinco tipos de medidas de reparación integral: indemnización, garantías de no repetición, satisfacción, restitución y rehabilitación. Las medidas están diseñadas para considerar las necesidades, intereses especiales y características de los individuos o grupos, en función del daño causado por el conflicto armado y del tipo de hecho victimizador.

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