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Fondo de Solidaridad COVID-19: Uruguay

Uruguay estableció un impuesto de emergencia sanitaria para crear el Fondo Solidario COVID-19 o Fondo Solidario COVID-19

5 de junio de 2023
Autor: Raquel Jesse

En abril de 2020, Uruguay creó el Fondo de Solidaridad COVID-19 o Fondo Solidario COVID-19,1 con el fin de proporcionar recursos públicos para responder a la crisis sanitaria y mitigar los impactos de la pandemia para la población en general. Los fondos se recaudaron a través de un Impuesto de Emergencia Sanitaria COVID-19 a corto plazo2 aplicado a todos los que percibieran del gobierno ingresos superiores a 120.000 UYU (30.000 USD), incluido el 20% de los altos cargos políticos.

Aplicación

En abril de 2020, el gobierno uruguayo creó el Fondo de Solidaridad COVID-19 (mediante la aprobación de la ley 19.874) para proporcionar recursos a las medidas de salud primaria que se están aplicando, a las actividades del Sistema Nacional de Emergencias y a los pagos de las prestaciones por enfermedad, invalidez y desempleo proporcionadas por el Banco de la Seguridad Social. El fondo pretendía aumentar las transferencias a los hogares vulnerables y reforzar las capacidades del sistema sanitario para hacer frente a la pandemia(el autor no pudo encontrar una definición clara del término «hogar vulnerable»).3 En 2021, el fondo se amplió para apoyar con préstamos a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en dificultades. No está claro si el fondo sigue existiendo.

Coste

El Fondo de Solidaridad COVID-19 se financió a través de diversas fuentes, como los ingresos recaudados por el Impuesto de Emergencia Sanitaria COVID-19, un porcentaje de los beneficios de 2019 del Banco de la República Oriental del Uruguay, hasta el 100% de los beneficios devengados tras la aprobación de la Ley de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), donaciones monetarias locales y extranjeras al fondo, y ciertos fondos procedentes de préstamos de organizaciones internacionales e instituciones multilaterales de crédito.4

El Impuesto de Emergencia Sanitaria COVID-19 se aplicaba a las personas físicas que ganaran 120.000 UYU (aproximadamente 30.000 USD) y percibieran ingresos del sector público, incluidos los funcionarios públicos no estatales y las empresas en las que el Estado fuera accionista.5 El impuesto se aplicó a unos 15.000 funcionarios públicos que trabajaban en el gobierno nacional, los gobiernos locales, las entidades autónomas y los servicios descentralizados, así como a los beneficiarios de subvenciones concedidas a quienes habían ocupado cargos públicos o de confianza. El personal sanitario estaba exento del impuesto debido a su riesgo de exposición al virus.

El tipo impositivo oscilaba entre el 5% y el 20%, en función de la cuantía de los ingresos brutos; por ejemplo, el 20% se aplicaba a quienes ganaban 180.000 UYU o más, es decir, a los cargos electos y a quienes tenían cargos políticos de designación, legisladores, alcaldes y ministros.

Evaluación

La política ha conseguido recaudar fondos críticos para responder a una crisis sanitaria y apoyar a hogares y empresas vulnerables. El 8 de enero de 2021, el gobierno informó de que el Fondo había recaudado 625 millones de USD.6 Las empresas privadas también hicieron donaciones al fondo(no se dispone de información sobre el porcentaje de la cantidad aportada). El gobierno calcula que el gasto del fondo en 2021 equivaldrá al 1,7% del PIB, incluidos los costes sanitarios adicionales por la compra de vacunas y suministros sanitarios.

Los críticos del Fondo de Solidaridad COVID-19 han señalado la falta de transparencia en su gestión, incluyendo cuándo y cómo se utilizaron los fondos. El gobierno ha declarado que esta información seguirá siendo confidencial hasta el final de la pandemia, según las excepciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública de 2008 (el autor no ha podido localizar un plazo claro para la definición de «final de la pandemia»).

Referencias

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